octubre 29, 2020

Activación del Consejo para el Cambio Climático muestra paso de avance frente a esta problemática

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Santo Domingo. – La República Dominicana marcó un hito en su lucha por reducir los impactos del calentamiento global, al celebrar la primera reunión con los miembros del Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio, que encabeza el presidente Luis Abinader.

Esta Comisión creada en 2008, mediante el Decreto 601-08, del 20 de septiembre del 2008, celebró su primer encuentro lo que muestra el compromiso de las actuales autoridades de dar respuesta a los efectos del cambio climático.

El presidente Luis Abinader, aseguró que desde su Gobierno se impulsará de manera progresiva la meta de alcanzar para el año 2050, el objetivo de la neutralidad de carbono, además de cumplir con las obligaciones asumidas en el Acuerdo de París.

El mandatario destacó la emisión durante la reunión del decreto 541-20 que establece el sistema de medición, reporte y verificación de las emisiones de gases de efecto invernadero.

“Con este decreto República Dominicana se convierte en el cuarto país del continente en dotarse de un sistema de transparencia para el flujo de información climática, que incluye la inversión en acciones climáticas en mitigación y adaptación”, enfatizó.

Luis Abinader propuso que además de los miembros actuales, el Consejo sea integrado por los ministerios de Educación (MINERD), de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT), de Turismo (MITUR) y de Energía y Minas.

Mientras que el ministro de Medio Ambiente y secretario del Consejo, Orlando Jorge Mera, indicó que trabaja para acreditar al país a fin de canalizar fondos para el financiamiento de la acción climática, con el propósito de incrementar los niveles de resiliencia de República Dominicana.

Aseguró que parte de estos esfuerzos irán dirigidos a involucrar investigadores expertos dominicanos en los grupos de trabajo para elaborar los informes del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC).

“Juntos honraremos los mandatos de nuestra Constitución, de la Estrategia Nacional de Desarrollo y de la Ley 64-00, para velar por los derechos fundamentales de la población dominicana, entre los cuales ya podemos incluir el derecho a que el país se adapte al cambio climático y se mitiguen sus efectos adversos, coordinando y regulando actividades o factores que puedan causar deterioro en la calidad del aire”, resalto Orlando Jorge Mera.

Max Puig, vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio, destacó que antes de la crisis que enfrenta el mundo por la pandemia del Covid-19, ya la ciudadanía enfrentaba la problemática del cambio climático, que de acuerdo a expertos puede hacer colapsar la forma de vida de los humanos.

“No todos los países se verán igualmente afectados, los ecosistemas insulares como el nuestro son los más frágiles y serán los primeros en sufrir en mayor proporción los cambios en curso”, dijo Puig al momento de indicar que el calentamiento del planeta ha provocado una alza en la temperatura de la atmosfera, una disminución en los volúmenes de nieve y hielo, un aumento en las concentraciones de gases de efecto invernadero, entre otros males.

Puig también destacó los intercambios fluidos que ha sostenido la entidad que dirige con el Ministerio de Medio Ambiente para afinar posturas y desarrollar iniciativas comunes frente a esta problemática.

Los demás integrantes del Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio son los ministerios de Economía, Planificación y Desarrollo, Agricultura, Relaciones Exteriores, Hacienda, Industria y Comercio y de Salud Pública y Asistencia Social.

También, el Banco Central de la República Dominicana, la Comisión Nacional de Energía, la Oficina para el Reordenamiento del Transporte, la Superintendencia de Electricidad, la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, la Asociación de Bancos de la República Dominicana, la Asociación de Industrias de la República Dominicana, los generadores privados del sector energético nacional, el Consejo Nacional de la Empresa Privada y representantes de las organizaciones de la sociedad civil.

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