febrero 22, 2021

Consejo del Poder Judicial y Medio Ambiente firman acuerdo que permitirá proveer de títulos de propiedad las áreas protegidas

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El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), magistrado Luis Henry Molina y el ministro, Orlando Jorge Mera resaltaron que el convenio también garantizará la seguridad jurídica

Santo Domingo.- El Consejo del Poder Judicial (CPJ) y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales suscribieron este viernes un acuerdo para habilitar un espacio de colaboración recíproca con el fin de procurar la preservación del medio ambiente, al tiempo de garantizar la seguridad jurídica y dotar de títulos las áreas protegidas por primera vez en la historia.

Entre los puntos que se compromete el CPJ, a través del Registro Inmobiliario, está la provisión de asistencia legal y técnico-catastral; apoyar los procesos de titulación e inscripción registral de las áreas protegidas.

Además, el CPJ se comprometió a proveer información registral y catastral sobre las áreas protegidas para el establecimiento y actualización de perímetros y posterior determinación de los terrenos pertenecientes al Estado Dominicano en las áreas protegidas y sus zonas de amortiguamiento.

De su parte, Medio Ambiente y Recursos Naturales se comprometió a dar información actualizada y consolidada sobre las delimitaciones de las áreas protegidas y zonas de amortiguamiento, así como de otras zonas vinculadas directamente a la preservación del medio ambiente y los recursos naturales, para el uso de los órganos del Registro Inmobiliario.

“Anunciamos al país que, con el acuerdo de colaboración que suscribimos hoy con el Consejo del Poder Judicial, iniciamos de manera formal, la meta de lograr que las 127 Áreas Protegidas sean provistas de su correspondiente Certificado de Título o Matrícula a nombre del Estado Dominicano”, especificó el ministro, Orlando Jorge Mera.

En ese sentido el Ministerio también apoyará la implementación de programas de sostenibilidad y buenas prácticas medio ambientales en las dependencias del Poder Judicial, así como la implementación de programas de formación en temas medioambientales y de gestión de las áreas protegidas en las instituciones del Poder Judicial y endosar los procesos de certificación ambiental que sean requeridos por el Poder Judicial.

Ambas instituciones se comprometieron a establecer un canal de comunicación único para la coordinación de los trabajos por parte de ambas instituciones y a gestionar por ante los órganos competentes la aprobación de instrumentos legales que permitan solucionar los obstáculos normativos que se encuentren dentro del ámbito de su competencia.

En el acto estuvieron el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y del Consejo Directivo del Registro Inmobiliario (RI), magistrado Luis Henry Molina Peña; el ministro de Medio Ambiente, licenciado Orlando Jorge Mera; el administrador general de Registro Inmobiliario, Jhonattan Toribio; el director general de Administración de la Carrera Judicial, Ángel Brito; el director nacional de Registro de Títulos, Ricardo Noboa y el director nacional de Mensuras Catastrales, Ridomil Rojas.

Además, estuvieron Milagros De Camps, viceministra de Cooperación Internacional; Héctor Alies, asesor del Ministerio de Medio Ambiente; Camila Rodríguez, directora de Fiscalización Ambiental; Mariana Pérez, directora de Información Ambiental y Edilio Florián, jurídico de Medio Ambiente.

Como parte de las políticas nacionales de conservación de la biodiversidad, República Dominicana cuenta con un Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) conformado por 127 unidades de conservación, clasificadas en seis categorías y trece subcategorías de manejo.

Algunas de las áreas protegidas dominicanas han sido objeto de reconocimiento en el ámbito internacional como son: Parques Nacionales Jaragua, Sierra de Bahoruco y Lago Enriquillo, que constituyen las áreas núcleo de la Reserva de Biósfera Jaragua-Bahoruco-Enriquillo, aprobada por el Programa El Hombre y la Biósfera (MaB), por sus siglas en inglés), de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el 6 de noviembre del 2002.

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