Marco jurídico, político e institucional de la biodiversidad

Leyes

El marco jurídico e institucional del sector ambiental dominicano fue reestructurado en el año 2000. Esto condujo a la promulgación de la Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales o Ley 64-00. (Congreso Nacional República Dominicana, 2000). La misma incluye las normativas generales para la gestión y conservación de la biodiversidad. Manda así mismo a la formulación de leyes sectoriales, las cuales han sido aprobadas o están en proceso.

Una nueva ley para el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, Ley Sectorial de Áreas Protegidas o Ley 202-04 fue promulgada en el 2004 (Congreso Nacional República, 2004).
El Sinap ha sido ampliado con la inclusión de 32 nuevas áreas protegidas por medio del Decreto Presidencial 571-09. La Ley 66-07 declara a la República Dominicana como estado archipielágico lo que ha llevado a la extensión del mar territorial y la zona económica exclusiva.
Se ha formulado la Ley Sectorial de Biodiversidad, en proceso de aprobación por el Congreso Nacional, y el anteproyecto de Ley sobre la Seguridad de la Biotecnología dentro de las disposiciones del Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad y el proyecto de Ley sobre Protección de Recursos Costeros y Marinos. Así mismo se ha formulado un anteproyecto de reglamento para el acceso a los recursos genéticos y benefi cios compartidos. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales también ha producido instrumentos técnico-jurídicos en forma mayormente de normas ambientales y reglamentos entre los que se encuentran el Reglamento de Investigación en áreas Protegidas y Biodiversidad; Reglamento de Sanciones Administrativas para el Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Reglamento de Fiscalización en Coherencia con la Aplicación del capítulo XVII del Tratado de Libre Comercio entre Centro América, la República Dominicana y los Estados Unidos (DR-CAFTA). Todos estos instrumentos se encuentran en la página web del Ministerio (www.ambiente.gob.do). Una revisión del marco institucional y legal fue hecha por USAID (2000) y por IRG/USAID (2006a; 2006b). Además de la legislación nacional, la República Dominicana se ha adherido a varias instancias regionales e internacionales, incluyendo entre ellos los principales tratados multilaterales ambientales. A nivel regional forma parte de la Convención de Cartagena y el Protocolo SPAW y se ha integrado a la Alianza Centroamericana para el Desarrollo Sostenible (Alides), al Sistema de Integración Centroamericana (SICA), en particular a la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD). Estrategia Nacional de Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad y Plan de Acción 2011-2020 (ENBPA).En el ámbito internacional, además de ser parte del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) y su Protocolo de Cartagena sobre la Seguridad de la Biotecnología (2005), el país es parte de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestres (Cites) desde 1986.

Entre los otros tratados más pertinentes, el país es parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) desde 1998; la Convención de las Naciones Unidas contra la Desertificación y la Sequía (UNCCD); Protocolo de Kyoto desde el 2002; Protocolo de Montreal; el Convenio de Estocolmo sobre los Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP); Convenio de Rotterdam; Convención sobre Humedales de Importancia Internacional o convención de Ramsar, y la Comisión Ballenera Internacional.


Finalmente es importante resaltar que se aprobaron las leyes de Biodiversidad (333-15) y la de Bioseguridad (219-15), con lo cual se le efectúa seguimiento y ejecución a la Ley marco de Medio Ambiente (64-

 LEGISLACION NACIONAL SOBRE BIODIVERSIDAD

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