Ley de Residuos Sólidos y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales como ente Rector

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Ley de Residuos Sólidos y el Ministerio de Medio Ambiente

y Recursos Naturales como ente Rector

Palabras del Ministro de Medio Ambiente y

Recursos Naturales, Orlando Jorge Mera

 

Bienvenidos sean todos a este primer encuentro nacional sobre la Ley general de gestión integral y coprocesamiento de residuos sólidos, con el que formalmente el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales inicia su labor como ente Rector de su aplicación e implementación.

Es importante subrayar que el tema que nos convoca esta mañana es tanto un deber del Estado dominicano como un derecho de todos sus ciudadanos, consagrado en el artículo 67, numeral 1 de nuestra Constitución, el cual establece que toda persona tiene derecho a habitar en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y adecuado para el desarrollo y preservación de las distintas formas de vida.

Sin embargo, durante décadas, la regulación del sistema de gestión de los residuos sólidos en República Dominicana acusó de grandes debilidades, debido a un vacío institucional que complicaba la toma de decisiones y coordinar acciones para su manejo integral.

A falta de regulación, podemos ver que según un estudio realizado por la Asociación de Industrias de República Dominicana y el Banco Interamericano de Desarrollo, el país genera anualmente 88 mil toneladas de plásticos de los cuales solo se gestiona un 25%.

Igualmente, queremos aprovechar este escenario para expresar la preocupación ante la precaria gestión de los residuos hospitalarios en nuestro país. Según  tenemos conocimiento, en las pocas clínicas y hospitales que disponen de plantas incineradoras, estas no funcionan. En el Ministerio solo existen cuatro empresas incineradoras certificadas, una operando en Santiago y tres en Santo Domingo.

Tras 15 años de discusión, la situación ha comenzado a ser subsanada con la promulgación, el 2 de octubre del año 2020, de la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, Núm. 225-20, que crea el régimen jurídico para prevenir la generación de residuos y establece mecanismos para su gestión integral.

Este régimen responde a la necesidad de fomentar la reducción, reutilización, reciclaje, aprovechamiento y valorización, sobre otras técnicas de gestión de los residuos.

La Ley es el instrumento clave para implementar, por un lado, una estrategia de economía circular, que impulse el desarrollo sostenible a través de un sistema industrial restaurativo o regenerativo, para reemplazar el modelo tradicional basado en el “fin de la vida útil”.

Fomentar una economía circular es fundamental para lograr la sostenibilidad en el medio ambiente y dar cumplimiento a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, específicamente, al Objetivo 12 sobre consumo responsable.

Este Ministerio funge como representante del país ante la Coalición Regional de Economía Circular, una iniciativa regional lanzada este año que busca acelerar los esfuerzos de transición hacia una economía circular en América Latina y el Caribe, en la cual la gestión de residuos está al centro.

A través del comité directivo de esta Coalición, y desde otros espacios, República Dominicana puede posicionarse en la región como un caso exitoso de transformación hacia un sistema de gestión de recursos integral, que genere empleos y logre un crecimiento económico, a la vez que se eliminan las externalidades negativas relacionadas a los desechos.

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Esta Ley 225-20 establece claramente los roles que deben asumir las instituciones gubernamentales, los municipios, el sector privado y la sociedad civil para dar un salto radical en el proceso de gestión de los residuos y encaminar al país por la ruta hacia la sostenibilidad.

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, como autoridad rectora, tiene asignadas funciones trascendentes, entre las que destaca la coordinación interinstitucional para establecer ese sistema que crea la ley, el cual pronto todos conocerán como el SINGIR, es decir, Sistema Nacional de Gestión Integral de Residuos.

El SINGIR deberá estar conformado, además, por la Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU), la Federación Dominicana de Distritos Municipales (FEDODIM), la Liga Municipal Dominicana y los Ministerios de Salud Pública y de Educación.

Corresponde al Ministerio elaborar guías técnicas para regular todo el sistema de gestión y lograr la sostenibilidad desde el punto de vista ambiental, económico y social, así como también realizar los planes educativos y de concientización ciudadana.

Esta Ley, en su Art. 29 crea el Programa Nacional de Remediación y Rehabilitación de Sitios Contaminados, que en su párrafo ordena inventariar los sitios contaminados con residuos o materiales peligrosos. En el país existen más de 350 vertederos a cielo abierto, que hoy son un verdadero quebradero de cabeza en la mayoría de nuestras provincias.

Estos vertederos deben ser sustituidos por una disposición final adecuada mediante rellenos sanitarios y plantas de tratamiento de residuos.

En consonancia con ese objetivo, la Ley dispone también que tras intervenir los sitios contaminados, entre ellos los vertederos a cielo abierto, se debe garantizar que la disposición final de los residuos en todo el país se haga en rellenos sanitarios compartidos entre tres o más municipios o distritos municipales.

Como resultado, se estarían enfrentando serios problemas de contaminación y de salud que hoy afectan a la población.

Hablamos por tanto de un instrumento legal que transformará a la sociedad dominicana en muchos sentidos. No solo habrá orden y criterio al gestionar los residuos que producimos cada vez en mayor cantidad, si no que será necesario un cambio cultural en la mentalidad de todos.

Dejar atrás el tradicional modo de recolectar los desechos domiciliarios, por ejemplo, para disponerlos en lugares apropiados y seguros, implica que nuestros niños tendrán que conocer desde sus primeros años las prácticas de reducir, reutilizar y reciclar. Los padres deberán asumir la responsabilidad de educar en esos valores desde la casa. Las escuelas harán lo propio, ya que contamos con una Ley de Educación y Comunicación Ambiental, No. 94-20, que ordena introducir el tema medioambiental en el currículo desde los primeros cursos escolares.

Y, además, esta Ley 225-20 recoge ese espíritu al incluir al Ministerio de Educación en el organismo nacional de dirección o SINGIR, para que la gestión de los residuos esté articulada con los programas de estudios.

Este es un gran momento para el país. Pero esta es una responsabilidad de todos. El sector privado tiene también un rol fundamental en este tema, principalmente en asumir la sostenibilidad en sus procesos productivos, generando crecimiento económico y social a través de la organización eficiente de todos los elementos y recursos que conforman su cadena de suministro.

La Ley otorga al Ministerio la facultad de fomentar alianzas público- privadas en el proceso de gestión integral de los residuos, además de que ordena crear incentivos para su cumplimiento.  En ese sentido, haremos todos los acuerdos que sean necesarios para que se dé curso al Art. 57 que establece el Plan de Responsabilidad Extendida del Productor.

Por otro lado, todos sabemos que la Ley 64-00 de Medio Ambiente y Recursos Naturales establece el Sistema Nacional de Gestión Ambiental y Recursos Naturales, y en su artículo 24 fija la obligatoriedad de que las instituciones que lo conforman, -entre las que figuran el ayuntamiento del Distrito Nacional, los ayuntamientos municipales y la Liga Municipal Dominicana-, dispongan de unidades de gestión ambiental que actúen como estructuras especializadas y en coordinación interinstitucional, según los lineamientos que establezca el Ministerio.

Una de las funciones principales de estas unidades es la gestión y disposición final de los desechos sólidos en sus demarcaciones.

El Ministerio tiene asignados sus roles, funciones y responsabilidades, pero la Ley también les fija funciones y responsabilidades a los gestores ambientales en los diferentes niveles del aparato social, a los productores, a los empresarios y a la comunidad y sus múltiples agentes involucrados en este proceso.

Pero, fundamentalmente, son importantes los roles que le otorga a las alcaldías de municipios y distritos municipales y que se recogen en su Art. 16.

 

Es nuestro interés trabajar de la mano con estas entidades en la coordinación de las políticas y planes de prevención y gestión integral de residuos a nivel nacional, y queremos dar un paso adicional poniendo a su disposición todo el apoyo que requieran para que la gestión ambiental municipal se convierta en un recurso poderoso al servicio de las comunidades.

 

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Ahora bien, todos los pasos que demos de ahora en adelante están sujetos a la elaboración del Reglamento de Aplicación de la Ley, en el que trabaja el Ministerio arduamente para cumplir con el plazo que se vence el 2 de marzo próximo.

En su artículo 175, la citada Ley establece un plazo de seis meses para elaborar este reglamento, una meta que hemos asumido firmemente para dar cumplimiento a este mandato.

Para alcanzar este objetivo tenemos que trabajar arduamente, y de manera conjunta, con todos los sectores de la sociedad en las diversas comunidades, para construir el consenso que dará paso a la redacción del citado reglamento.

Queremos que su elaboración sea un proceso incluyente con todos los actores que tienen incidencia en el proceso de manejo de residuos sólidos, bajo la rectoría del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Este espacio de consulta lo han podido ya comprobar quienes han recibido cartas solicitando sus comentarios, y todos aquí en el Dossier que tienen en sus manos encontrarán la encuesta elaborada por la firma consultora Ernest & Young, que hemos contratado para que dé acompañamiento a los técnicos del Ministerio en esta labor.

Estamos hablando de que tenemos por delante poco más de un mes para prepararnos con el compromiso de hacerlo bien.

Nos encontramos frente a desafíos ambientales que ponen en riesgo la salud de la población, que afectan la riqueza natural del país y el desarrollo sostenible del turismo, que es nuestra principal base económica.

Confío en que los aquí reunidos estamos comprometidos con el contenido de este instrumento legal, que no es perfecto, pero sí un buen punto de partida para la solución definitiva de uno de los más graves problemas ambientales de la República Dominicana.

 

 

23 de febrero de 2020

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