Presentación de la Contribución Nacionalmente Determinada 2020 Palabras del ministro Orlando Jorge Mera, de Medio Ambiente y Recursos Naturales

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Cuando el mundo se encontraba inmerso en la crisis provocada por los efectos del cambio climático en el Planeta, nos sorprendió la pandemia de la COVID -19, colocando a prueba la capacidad de la humanidad para enfrentar dos fenómenos que pueden desembocar en catástrofes de dimensiones imprevisibles.

En nuestro caso, la COVID-19 y la crisis climática colocan al país y a sus gobernantes en la obligación de preservar valores supremos y principios fundamentales como el bienestar social, la paz y el equilibrio ecológico, que, estatuidos en nuestra Carta Magna, pueden verse lesionados por ambos fenómenos.

Pese a que las advertencias sobre la crisis climática han circulado desde hace más de 30 años, la actividad humana, lejos de disminuir la contaminación por gases que la causan, ha duplicado su emisión a nivel mundial. De tal modo que sus efectos a largo plazo afectarán a todos los países, a unos más que a otros; pero al nuestro, sin dudas, en mayor proporción e intensidad, debido a nuestra condición de isla.

Esta previsión, para la cual nos hemos estado preparando como parte de los más importantes acuerdos y convenios internacionales, como la Convención de las Naciones Unidas para el cambio Climático y el Acuerdo de París, en el marco de la misma Convención, se encuentra ahora con la crisis sanitaria y económica que vivimos a raíz de la pandemia.

La conjugación de ambos ha creado un escenario propicio a nivel global para que repensemos los esquemas de desarrollo económico y social, y abordemos la relación intrínseca que debe haber entre este con el medioambiente. La pandemia, irónicamente, ha conseguido que la conversación a nivel global, en materia de cambio climático y desarrollo, esté apuntando hacia una gran oportunidad: la “recuperación VERDE post-COVID”.

El cambio climático, al tratarse de un problema global que afecta a cada uno de los ciudadanos y ciudadanas del planeta, aunque de forma desigual, implica un esfuerzo conjunto de todos los niveles y sectores del liderazgo nacional y la sociedad civil.

Las entidades públicas tenemos uno de los roles más importantes para hacer realidad el desarrollo sostenible que todos deseamos. No podemos accionar más como islas, con carteras de proyectos cuyos objetivos se duplican y que a veces compiten entre sí por los recursos.

El interés del superior Gobierno es cambiar ese paradigma y trabajar para que las diversas instituciones públicas coordinen los planes de acción, los dirijan hacia una visión de país, y con ello transversalizar en todo el Estado dominicano el compromiso que hicimos como signatarios del Acuerdo de París.

El día de hoy, en el marco de este acto en el cual el país presenta la Contribución Nacionalmente Determinada 2020, documento que ha sido actualizado y consensuado con todos los sectores nacionales, deseo destacar el apoyo incondicional de mi gestión como ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la República Dominicana, para que entre todos propiciemos las transformaciones sistémicas que sean requeridas a fin de que nuestra economía se dirija hacia la neutralidad de carbono, acorde con los objetivos del Acuerdo de París.

Hago un llamado a nuestros homólogos en las instituciones públicas del Estado a que integren el cambio climático, y en especial la adaptación, como eje transversal, en los planes y proyectos en la gestión de sus carteras sectoriales.

Solo una planificación a largo plazo, basada en evidencia científica y en el análisis de los riesgos climáticos, puede blindar a la República Dominicana y su economía ante los severos impactos que los efectos del cambio climático traerán sobre la isla.

En el mismo orden quiero referirme al financiamiento climático. Este tiene que llegar a los más vulnerables. Es por ello que nuestra administración está estableciendo los mecanismos necesarios para que las poblaciones más vulnerables tengan acceso a financiamiento público y privado, de tal manera que se pueda contribuir con las acciones que mitiguen los efectos adversos del cambio climático y permitan adecuar sus vidas a la nueva realidad climática.

El rol del sector privado es, por tanto, no menos importante, como ente implementador de las políticas ambientales de esta nueva gestión. Nuestras metas, especialmente las de descarbonización y transición energética, no son realizables sin el apoyo decidido del sector privado y el aumento en el flujo de inversiones de la industria de turismo, el transporte, la construcción, el sector minero, entre otros.

Es un esfuerzo conjunto. La inversión en innovación tecnológica y en capacidades técnicas del sector privado y los incentivos del sector público, deben ir mano a mano durante todo proceso de transición hacia una economía verde.

Cada pieza del rompecabezas que constituye la lucha contra el cambio climático es esencial. Todos y cada uno de los dominicanos debemos dar un paso más allá, y tomar acciones de adaptación y mitigación en nuestros respectivos ámbitos. Todos podemos ser partes de un mismo plan, con una meta común: hacer una República Dominicana verdaderamente sostenible.
Siempre he confiado en la nobleza, la resiliencia y el ímpetu del pueblo dominicano. Estoy convencido de que lograremos superar esta doble crisis. Si lo logramos, las futuras generaciones estarán siempre agradecidas. Si fallamos, nuestros hijos, hijas, nietos y nietas nunca podrán olvidar lo que les hicimos.

Somos la última generación con la oportunidad de revertir esta crisis, así que manos a la obra.

Santo Domingo, 8 de diciembre de 2020

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