noviembre 10, 2020

Seminario Internacional sobre la Efectividad de la Protección Ambiental a través del Derecho Público Análisis Comparativo España y República Dominicana

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Dr. Milton Ray Guevara, presidente del Tribunal Constitucional de la República Dominicana;

Dra. Yolanda Gómez Sánchez, directora del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de España;

Dr. Antonio Medina Calcaño, vicerrector de Extensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo.

Distinguidos amigos seminaristas:

Señoras y señores:

Agradezco al presidente del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Dr. Milton Ray Guevara, por su invitación para participar en la apertura del Webinar “Seminario Internacional sobre la Efectividad de la Protección Ambiental a través del Derecho Público – Análisis Comparativo España y República Dominicana”.

El hecho de que estas tres prestigiosas instituciones hayan seleccionado este tema es, sin lugar a dudas, el mayor reconocimiento de que la protección y manejo sostenible del medio ambiente y los recursos naturales, constituye hoy día uno de los principales problemas de la humanidad.

Las distintas visiones respecto de los medios jurídicos necesarios para hacer realidad la tutela del medio ambiente, se dan en un escenario de crisis ambiental de escala global con impactos locales, evidenciada por fenómenos provocados por el cambio climático, la contaminación de las aguas, el tráfico de especies amenazadas, la desertificación de los suelos, la desaparición de espacios naturales de relevancia ecosistémica, y de especies de flora y fauna, entre otras múltiples circunstancias que evidencian las continuas afectaciones a las que es sometido el entorno natural.

La buena noticia es que la protección del medio ambiente es un imperativo constitucional en República Dominicana. Importantes instrumentos jurídicos internacionales de los que es signatario el país han sido integrados al ordenamiento jurídico dominicano (son por tanto leyes de la República), y lo que es más importante: existe un modelo ambiental en la Constitución dominicana. Es una cuestión que hemos tomado en serio desde hace mucho tiempo, desde los decretos presidenciales que en las décadas de los setenta y los ochenta crearon las reservas científicas y diversas áreas protegidas, hasta que tomó una verdadera dimensión en el año 2000, con la Ley de Medio Ambiente y Recursos Naturales No. 64-00.

En la Constitución de la República del 26 de enero de 2010, el constituyente dominicano elevó a rango constitucional los recursos naturales, los recursos hídricos y las áreas protegidas, y estipuló la forma y las condiciones en las que se pueden aprovechar.

El Artículo 14 de la citada Constitución define como “patrimonio de la Nación los recursos naturales no renovables que se encuentren en el territorio y en los espacios marítimos bajo jurisdicción nacional, los recursos genéticos, la biodiversidad y el espectro radioeléctrico”.

En su Artículo 15 trata sobre los recursos hídricos: “El agua constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida. El consumo humano del agua tiene prioridad sobre cualquier otro uso. El Estado promoverá la elaboración e implementación de políticas efectivas para la protección de los recursos hídricos de la Nación”.

Y más adelante, el Párrafo señala que “Las cuencas altas de los ríos y las zonas de biodiversidad endémica, nativa y migratoria, son objeto de protección especial por parte de los poderes públicos para garantizar su gestión y preservación como bienes fundamentales de la Nación. Los ríos, lagos, lagunas, playas y costas nacionales pertenecen al dominio público y son de libre acceso, observándose siempre el respeto al derecho de propiedad privada. La ley regulará las condiciones, formas y servidumbres en que los particulares accederán al disfrute o gestión de dichas áreas”.

La protección de las áreas protegidas queda establecida en el Artículo 16, cuando dice que “La vida silvestre, las unidades de conservación que conforman el Sistema Nacional de Áreas Protegidas y los ecosistemas y especies que contiene, constituyen bienes patrimoniales de la Nación y son inalienables, inembargables e imprescriptibles. Los límites de las áreas protegidas solo pueden ser reducidos por ley con la aprobación de las dos terceras partes de los votos de los miembros de las cámaras del Congreso Nacional”.

Mientras que el Artículo 17 define el aprovechamiento de los recursos naturales de la siguiente manera: “Los yacimientos mineros y de hidrocarburos y, en general, los recursos naturales no renovables, solo pueden ser explorados y explotados por particulares, bajo criterios ambientales sostenibles, en virtud de las concesiones, contratos, licencias, permisos o cuotas, en las condiciones que determine la ley. Los particulares pueden aprovechar los recursos naturales renovables de manera racional con las condiciones, obligaciones y limitaciones que disponga la ley”.

En consecuencia, la Constitución de 2010 “declara de alto interés público la exploración y explotación de hidrocarburos en el territorio nacional y en las áreas marítimas bajo jurisdicción nacional”; Asimismo, declara de prioridad nacional y de interés social la reforestación del país, la conservación de los bosques y la renovación de los recursos forestales; la preservación y aprovechamiento racional de los recursos vivos y no vivos de las áreas marítimas nacionales, en especial el conjunto de bancos y emersiones dentro de la política nacional de desarrollo marítimo.

Y establece con claridad que “Los beneficios percibidos por el Estado por la explotación de los recursos naturales serán dedicados al desarrollo de la Nación y de las provincias donde se encuentran, en la proporción y condiciones fijadas por ley”.

El constituyente dominicano fue más lejos, al colocar la protección del medio ambiente entre los “derechos, garantías y deberes fundamentales”, contenidos en su Título II. Y adicionalmente, en el Artículo 66, al determinar que el interés público de la protección del medio ambiente sea elevado a la dimensión de derecho colectivo y que goce de todas las consecuencias de esta categoría.

“Artículo 67.- Protección del medio ambiente. Constituyen deberes del Estado prevenir la contaminación, proteger y mantener el medio ambiente en provecho de las presentes y futuras generaciones. En consecuencia:

1) Toda persona tiene derecho, tanto de modo individual como colectivo, al uso y goce sostenible de los recursos naturales; a habitar en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y adecuado para el desarrollo y preservación de las distintas formas de vida, del paisaje y de la naturaleza;

2) Se prohíbe la introducción, desarrollo, producción, tenencia, comercialización, transporte, almacenamiento y uso de armas químicas, biológicas y nucleares y de agroquímicos vedados internacionalmente, además de residuos nucleares, desechos tóxicos y peligrosos;

3) El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de tecnologías y energías alternativas no contaminantes;

4) En los contratos que el Estado celebre o en los permisos que se otorguen que involucren el uso y explotación de los recursos naturales, se considerará incluida la obligación de conservar el equilibrio ecológico, el acceso a la tecnología y su transferencia, así como de restablecer el ambiente a su estado natural, si este resulta alterado;

5) Los poderes públicos prevendrán y controlarán los factores de deterioro ambiental, impondrán las sanciones legales, la responsabilidad objetiva por daños causados al medio ambiente y a los recursos naturales y exigirán su reparación. Asimismo, cooperarán con otras naciones en la protección de los ecosistemas a lo largo de la frontera marítima y terrestre.”

El medio ambiente está compuesto por “la atmósfera y los recursos naturales renovables”, siendo así, es posible afirmar que el objeto de protección del derecho colectivo supera ampliamente la lógica de los bienes de uso público, ya que los recursos naturales no siempre son propiedad de las personas públicas. De otro lado, no es al medio ambiente, como tal, lo que busca proteger la calificación de derecho colectivo, es decir el adjetivo “sano” el verdadero objeto de protección del mencionado derecho. En efecto, en la Constitución no solo se entendió el medio ambiente como un derecho esencial de los seres humanos, sino como uno de los fines del Estado, porque de su concreción depende no solo “el desarrollo integral de la especie humana, sino también la protección de las más mínimas condiciones de supervivencia”.

El derecho al medio ambiente no significa nada si no se crean las obligaciones concretas para las autoridades públicas, con un objetivo de salvaguarda (lógica estática) y de implementación de todos los medios políticos, jurídicos y técnicos para que el ambiente sea sano y que el desarrollo sea sostenible (lógica dinámica).

Este texto constitucional, más las disposiciones de la Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales No. 64-00, han producido, de manera positiva, un cambio radical en la protección del medio ambiente en el país. Con ellos, surge una revalorización de los recursos que forman parte del medio ambiente, se amplían sus instrumentos de gestión y para su protección se crea un organismo administrativo con rango de Ministerio de Estado destinado exclusivamente a la protección del medio ambiente y los recursos naturales.

Conforme a la Ley 64-00, el medio ambiente está integrado por todos los elementos bióticos, abióticos, socioeconómicos y estéticos que interactúan entre sí con los individuos y la comunidad en que viven y que determinan su relación y supervivencia (Art. 16, numeral 35). En este sentido, puede decirse que al igual que en el derecho español, en el derecho dominicano el medio ambiente no solo está integrado por elementos naturales, sino también por elementos de tipo artificial y social que interfieren de manera transversal en el desarrollo de la persona y en los más variados sectores del ordenamiento jurídico.

En el ámbito del derecho sancionador, la Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales introduce el concepto de “daño ambiental”, el cual define como “toda pérdida, disminución, deterioro o perjuicio que se ocasione al medio ambiente o a uno de sus componentes”. Para los casos en que estos daños se produzcan por violación a la legislación ambiental, la Ley 64-00 crea un sistema general de sanciones ambientales. Entre las sanciones que regula se encuentran las relativas a las multas, limitaciones de derechos, publicación de sanciones, decomiso y suspensión de actividades, siendo esta una de las novedades más importantes de la ley.

Por su parte, la protección del medio ambiente por la vía penal se rige por las mismas leyes y normas que el derecho administrativo sancionador.

Importante significar que los principios que orientan la actividad de la Administración para la protección del medio ambiente surgen por primera vez en el derecho internacional ambiental, específicamente, en la Convención sobre Diversidad Biológica, de Río de Janeiro, el 5 de junio de 1992. Estos principios se integran al derecho dominicano a través de la Resolución No. 25 del 2 de octubre de 1996, que ratifica el contenido de ese Tratado, desde donde se han ido trasladando a todas las políticas y legislación ambiental del país. Por su parte, la Ley 64-00 incorpora expresamente los principios de prevención, de precaución y el de quien contamina paga.

No puedo dejar de mencionar lo trascendente que ha sido la labor jurisprudencial del Tribunal Constitucional en materia medio ambiental desde su creación en 2010. He identificado, al menos doce sentencias, trascendentes en materia medio ambiental.

A veinte años de promulgada la Ley 64-00, los últimos catorce años han sido bajo la tutela del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, que se ha convertido en guardián de la protección del medio ambiente. Sus decisiones han sido puntuales y precisas en diversos temas, delimitando claramente los derechos de cada quien, y, sobre todo, definiendo puntualmente el sentido constitucional de que “toda persona tiene derecho, tanto de modo individual cono colectivo, al uso y goce sostenible de los recursos naturales”. Mi reconocimiento al Tribunal Constitucional.

Los retos que tenemos por delante en materia medio ambiental son amplios y diversos. Por su transversalidad, el medio ambiente toca todas las áreas del quehacer humano. Nos hace falta hacer más conciencia como sociedad. No se trata de la tarea coyuntural de quien ocupe el Ministerio de Medio Ambiente, quien es un administrador temporal de la ley. En lo personal, es mi compromiso legal y moral. Es una tarea que exige disciplina, constancia y determinación. Pero, más que eso, es y debe ser una tarea de todos.

Por ello reitero mi gratitud al Tribunal Constitucional de la República Dominicana, al Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de España, y a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, por colocar este tema, el de medio ambiente, en tan importante evento. Les deseo el mejor de los éxitos, y que las discusiones puedan fortalecer la efectividad de la protección ambiental en el país.

Muchas gracias,

Orlando Jorge Mera
Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales

10 de noviembre de 2020.

Anexo:

Sentencia TC/0055/13 de fecha 9 de abril de 2013. Acción directa en inconstitucionalidad incoada por Khoury Industrial S.A., contra el artículo 2 del Decreto No. 145-03, del 13 de febrero de 2003 que establece el cobro de una tarifa ambiental por el uso único que equivale al valor de cuatro pesos dominicanos (RD$4.00), por metro cúbico. Consideraciones: “(…) la contribución que ha sido creada por el referido decreto es una tasa. Específicamente una tasa ambiental retributiva, que es el pago del uso del medio ambiente, cuya finalidad es la reparación del medio ambiente dañado, por la extracción de materiales de la corteza terrestre; (…) el Decreto No. 145-03, antes indicado, no contraviene la Constitución, por cuanto es ella que remite a la ley, en la especie, a la Ley de Medio Ambiente, la que autoriza a los indicados órganos a establecer lo relativo al pago de tasas por usos, emisiones de vertidos y contaminantes en cuerpos receptores”.

– Sentencia TC/0167/13 de fecha 17 de septiembre de 2013. Recurso de revisión constitucional en materia de amparo incoado por la sociedad comercial Falconbridge Dominicana, S.A. contra la Sentencia No. 00077/2012, dictada por la Tercera Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Vega, en fecha 12 de octubre de 2012. Consideraciones: “(…) las medidas destinadas a la preservación del medio ambiente, al tener un alcance general que traspasa el ámbito nacional, por propugnar, como parte del sostenimiento ecológico del planeta, la protección de los recursos eco sistémicos, hidrológicos y de biodiversidad existentes en cada Estado, la misma deviene en configurar la existencia de un derecho colectivo y difuso que tiene un alcance supranacional, que encierra el compromiso de que cada nación le otorgue preponderancia a la aplicabilidad de la misma [frente al derecho al trabajo y a la libre empresa] en aquellos casos en que una actividad pueda o esté afectando de forma negativa ese sostenimiento, o ponga en riesgo el resguardo ecológico del país.”

– Sentencia TC/0194/13 de fecha 31 de octubre de 2013. Recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional incoado por Inversiones Whale Bahía S. A., operadora del hotel Bahía Príncipe en Cayo Levantado, contra la Sentencia No. 420, dictada por la Sala Civil de la Suprema Corte de Justicia, de fecha 14 de diciembre de 2011. Consideraciones: “Se evidencia la enorme importancia asignada por la Constitución y las leyes a los bienes que pertenecen al dominio público, puesto que en dichos textos se consagra de manera expresa su inalienabilidad, inembargabilidad e imprescriptibilidad. El nivel de protección de los indicados bienes se advierte, además, porque para que el Congreso Nacional pueda reducir las áreas protegidas se exige un quórum agravado: el voto de las dos terceras partes de los integrantes de ambas cámaras legislativas”.

– Sentencia TC/0020/14 de fecha 31 de octubre de 2013. Recurso de revisión constitucional en materia de amparo incoado por el Ayuntamiento Municipal de Barahona, contra la Sentencia No. 2012-00138, de fecha 21 de mayo de 2012, dictada por la Segunda Sala de la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Barahona, a favor del Ayuntamiento Municipal de Jaquimeyes. Consideraciones: “(…) la salina marina de Puerto Alejandro o cualquier otra salina que se encuentre en otro municipio en el territorio nacional, no es ni un bien ni un patrimonio propiedad de un municipio, sino que es un recurso natural patrimonio de la Nación”.

– Sentencia TC/0307/16 de fecha 20 de julio de 2016. Recurso de revisión constitucional en materia de amparo incoada por el Ayuntamiento del municipio Santiago contra la Sentencia civil No. 514-15-00271, dictada por la Presidencia de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago el 29 de mayo de 2015. Consideraciones: “(…) la saturación de propaganda política ocasiona contaminación visual y afecta la salud de los habitantes, vulnerando sus derechos a un ambiente sano y a la salud”.

– Sentencia TC/0402/16 de fecha 26 de agosto de 2016. Recursos de revisión constitucional de amparo incoados por la empresa Equipos y Construcciones del Cibao, S.R.L., y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales contra la Sentencia núm. 514- 15-00478, dictada por la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago el 23 de septiembre de 2015. Consideraciones: “(…) si bien el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales posee la facultad para otorgar los permisos de explotación minera, siempre debe evaluar los efectos devastadores que con frecuencia produce esta actividad y máxime cuando los estudios relativos al impacto ambiental arrojan resultados negativos, como en la especie”.

– Sentencia TC/0651/16 de fecha 7 de diciembre de 2016. Control preventivo de constitucionalidad del “Acuerdo de París”, surgido de la Vigésima Primera Reunión de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático el 12 de diciembre de 2015. Consideraciones: “Luego del análisis del presente “Acuerdo de París” y sus objetivos primordiales, que es el de brindar un reforzamiento mundial en lo relativo a la amenaza del cambio climático, y de verificar las disposiciones contenidas en sus artículos, este tribunal considera que no existe contradicción con nuestras legislaciones, en relación con la protección del medio ambiente, por lo que, el mismo se encuentra conforme a la Constitución”.

– Sentencia TC/0020/17 de fecha 11 de enero de 2017. Acción directa de inconstitucionalidad incoada por Samuel Lemar Reinoso de la Cruz y Marcia Ángeles Suárez contra el artículo 167, ordinales 1ro y 3ro de la Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales, No. 64-00, del 18 de agosto de 2000. Consideraciones: “(…) constitucionalmente el Ministerio de Medio Ambiente tiene poder sancionador que le permite cumplir con el mandato constitucional de preservar y exigir reparar los daños al medio ambiente”.

– Sentencia TC/0157/17 de fecha 5 de abril de 2017. Acción directa de inconstitucionalidad interpuesta por el Dr. Miguel Ángel Cedeño J. contra: a) Decreto núm. 1311, emitido por el Poder Ejecutivo el 16 de septiembre del 1975, que declaró “Parque Nacional del Este” una zona de alrededor de 430 KM2 en la provincia La Altagracia; b) numeral 6 del artículo 34 de la Ley núm. 64-00, General de Medio Ambiente, del 18 de agosto de 2000; y c) numeral 21 del artículo 37 de la Ley núm. 202-04, Sectorial de Áreas Protegidas, del 30 de julio de 2004. Consideraciones: “(…) que reviste […] gran importancia para el Estado, mantener y conservar el medio ambiente a través del Sistema Nacional de Áreas Protegidas”.

– Sentencia TC/0139/18 de fecha 17 de julio de 2018. Acción directa en inconstitucionalidad interpuesta por la Asociación de Establecimientos de Comida Casual y de Servicio Rápido, Inc. (ADECOR) y la Asociación Dominicana de Restaurantes, Inc. (ADERES), contra los artículos 2, 3, 7, 13, 15, 16, literales a), b) y c), 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, literales a), b), c) y d) de las resoluciones núms.: 46/99, 6/2004 y 88/2005, del doce (12) de marzo de mil novecientos noventa y nueve (1999), del catorce (14) de enero de dos mil cuatro (2004) y del dos (2) de junio de dos mil cinco (2005), respectivamente, dictadas por el Concejo de Regidores del Ayuntamiento del Distrito Nacional. Consideraciones: “ (…) [Los ayuntamientos] pueden ─y, de hecho, deben─ emitir normas ─ con aplicación exclusiva en el ámbito territorial de su competencia─ para resolver situaciones especiales, siempre que las mismas garanticen un nivel de protección al medio ambiente, la salud humana y los recursos naturales, mayor que la provista por las normas nacionales, pues uno de sus fines principales ha de ser la conservación ─libre de contaminación visual─ de los paisajes municipales, como recursos naturales renovables que son, atendiendo a los criterios de racionalidad previstos para su aprovechamiento en el artículo 17 de la Constitución”.

– Sentencia TC/0308/18 de fecha 31 de agosto de 2018. Acción directa de inconstitucionalidad interpuesta por la Federación Dominicana de Comerciantes, Inc. (FDC) y otros, contra los artículos 114, 115, 174, 175.1 y 176, párrafo, de la Ley núm. 64-00, General sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales; 2, 3, 4, 5, 6 y 10 de la Ley núm. 287-04, sobre prevención, supresión y limitación de ruidos nocivos y molestos que producen contaminación sonora; 154.5 de la Ley núm. 42-01, General de Salud, y los estándares de contaminación sónica de la norma ambiental para la protección contra ruidos NA-RU-001- 03. Consideraciones: “(…) en virtud de lo dispuesto en los artículos 165 y 166 de la Ley núm. 64-00 y 10 de la Ley núm. 133-10, corresponde a la Procuraduría para la Defensa del Medio Ambiente y Recursos Naturales la dirección funcional de las investigaciones en los casos en que se infrinjan las normas que protejan el medio ambiente”.

– Sentencia TC/0482/18 de fecha 15 de noviembre de 2018. Recurso de revisión de decisión jurisdiccional incoado por Agregados & Hormigones Sánchez, S.A. contra la Sentencia núm. 374, dictada por la Tercera Sala de lo Laboral, Tierras, Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario de la Suprema Corte de Justicia el 20 de julio de 2016. Consideraciones: “Dentro de las cuestiones que regula y las facultades que confiere el legislador al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en la lectura de los artículos del 162 al 164 de la misma ley no se infiere precisamente una competencia para la concesión de derechos de explotación o exploración minera, sino más bien una regulación orientada al aprovechamiento y a la conservación de los recursos naturales, en virtud de lo cual los proyectos de explotación y exploración minera deben contar con la aprobación o visto bueno del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, mediante una licencia o un permiso ambiental o, en los términos del referido artículo 116, una concesión para el aprovechamiento de recursos naturales”.

 

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