El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) realizaron el Taller Regional para América Latina y El Caribe sobre Negociación de Contratos de Acceso a Recursos Genéticos y Distribución de Beneficios (ABS, por sus siglas en inglés), con el objetivo de contribuir al mejoramiento de capacidades de la Autoridad Nacional Competente y otras instituciones relacionadas con la implementación del Protocolo de Nagoya.

 

Además, intercambiar experiencias sobre los aspectos jurídicos aprobados para garantizar el acceso a los recursos genéticos, especialmente en el proceso de negociación de los contratos de ABS (acceso a recursos biotecnológicos de manera sostenible y distribución de beneficios), y facilitar el intercambio de información en el tema a nivel de la región de América Latina y El Caribe.

 

Al hablar durante la plenaria del taller, el director de Biodiversidad, José Manuel Mateo explicó que la República Dominicana ha hecho esfuerzos para aplicar el Protocolo de Nagoya a pesar de que fue en el 2015 que el Congreso Nacional aprobó la Ley de Biodiversidad y que fue una de los  mandatos contenidos en la Ley 64-00 General de Medio Ambiente y Recursos Naturales promulgada por el Poder Ejecutivo en el año 2000.

 

Agregó que esos esfuerzos están dando frutos ya que el país ha logrado firmar 5 contratos comerciales de acceso a recursos  genéticos y uno para la investigación científica lo que significa un gran avance en el marco de lo establecido en los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS), 20-30, aprobados en la ONU.

 

De su lado, el abogado ambiental y Coordinador de Proyectos Global del PNUD,  Alejandro Lagos, de chile, destacó la experiencia de la República Dominicana en la materia ya que, a pesar de carecer de una ley sobre biodiversidad pudo avanzar en la regulación del uso de los recursos genéticos de manera sostenibles y “es uno de los primeros países de la región en lograrlo”.

 

Calificó de oportuno la realización del evento que,  a su juicio, “propiciará el reforzamiento de la capacidad legal, crear confianza entre proveedores y usuarios de los recursos genéticos, el mejoramiento las capacidades de las comunidades originarias (indígenas, donde las haya) y la creación de una comunicación efectiva entre los países de la región”.

 

Otra de las panelistas, la abogada ambiental de la Unión para el Bio-comercio Ético, María Julia Oliva, afirmó que la biodiversidad es un riesgo y, al mismo tiempo, una oportunidad ya que, dentro del proceso, deje pasivo ambiental pero también puede concienciar a los usuarios (industriales) sobre las ventajas de la producción sostenible.

 

La experta enumeró las principales industrias que usan recursos genéticos en sus procesos productivos tales como la cosmética, como la Loreal que usa unas 1,500 investigaciones de casi 30 especies vegetales de unos 100 países, la farmaceútica y alimentaria.

Actualmente, diversos países de América Latina y el Caribe se encuentran en estado avanzado de desarrollo o implementación de sus marcos nacionales de ABS, la mayoría de ellos a la luz de las nuevas disposiciones del Protocolo de Nagoya y, por tanto, resulta extremadamente oportuno prepararse y compartir experiencias sobre el instrumento legal clave en el que se va a plasmar la relación entre el proveedor del recurso genético y/o conocimiento tradicional asociado al recurso genético y las condiciones de acceso y la participación justa y equitativa de los beneficios derivados de su utilización.

Agrega que participaron expertos y punto focales de nueve países de la región (Argentina,  Colombia, Ecuador, Honduras, México Panamá, Perú, Uruguay y la República Dominicana) y será facilitado por una experta en la materia a nivel global, Doña María Julia Oliva, Directora Adjunta de la Unión for Ethical Biotrade (UEBT) y por el equipo del Proyecto Global ABS PNUD-GEF.

 

Explicó que el evento fue organizado en el marco del Proyecto Global ABS PNUD-GEF “Fortalecimiento de recursos humanos, marcos legales y capacidades institucionales para implementar el Protocolo de Nagoya”, que ejecutan, conjuntamente, el Ministerio de Medio Ambiente y PNUD.

 

Protocolo de Nagoya

 

El protocolo de Nagoya, firmado en la ciudad del mismo nombre en Japón, entró en vigor desde octubre 2014  y, es un acuerdo complementario al Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) que tiene como objetivo la participación justa y equitativa de los beneficios derivados de la utilización de los recursos genéticos. El protocolo proporciona una base sólida para una mayor certeza y transparencia jurídicas tanto para los proveedores como para los usuarios de recursos genéticos.