Santo Domingo, RD. – Con el objetivo de dar cumplimiento al mandato otorgado a la institución ambiental por la Ley No. 44-18, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales creó la Comisión para la Elaboración del Reglamento General de Aplicación para Pagos por Servicios Ambientales (PSA), como establece la citada normativa.

La comisión fue creada por disposición del Ministro Ángel Estévez, mediante la Resolución No. 0009-2019, debido a que la Ley No. 44-18, tiene como objetivo la conservación, preservación, restauración y el uso sostenible de los ecosistemas, a fin de garantizar los servicios ambientales o ecosistémicos que estos prestan, a través de un marco general para la compensación y retribución de los servicios ambientales realizados.

Para la elaboración de la ordenanza, se está desarrollando una hoja de ruta de trabajo, en la cual se ha partido del criterio de participación de los diferentes actores vinculados al tema. En ese orden se han llevado a cabo diferentes talleres de consultas, a fin de recoger las opiniones de las instancias participantes sobre los principales aspectos a ser considerados en este documento.

De las consultas han participado representantes del Ministerio de Medio Ambiente, a través de sus diferentes áreas temáticas, Instituciones Públicas, organismos de cooperación, organizaciones no gubernamentales, proyectos relacionados, expertos legales, expertos en el tema y beneficiarios del proyecto de PSA de la Cuenca del Yaque del Norte, entre otros.

En el proceso de formulación del Reglamento de la Ley de PSA, el Ministerio cuenta con la asistencia técnica de la Cooperación Alemana al Desarrollo (giz), en el marco del Programa Fondo de Desarrollo Verde para la región del SICA / REDD+ Landscape, lo que ha permitido la integración al proceso de la experta en Economía Ambiental Solhanlle Bonilla.

Con este precepto, el país contará con un instrumento normativo que permitirá ejecutar este incentivo de conservación de los ecosistemas a nivel nacional y replicar la experiencia acumulada por el Ministerio de Medio Ambiente y diferentes organizaciones e instituciones en el tema de pago por servicios ambientales, en un periodo de 18 años.

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