“En la actualidad, los mecanismos financieros se han transformado en una opción innovadora y atractiva para promover que beneficiarios de servicios ecosistémicos, contribuyan con un pago o compensación por el uso de ellos.  Ecosistemas cómo los arrecifes coralinos, que constituyen una de las principales fuentes de servicios para el turismo dominicano, se pueden ver fortalecidos por mecanismos de este tipo”, detalló Patricia Abreu, viceministra de Cooperación Internacional del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la República Dominicana.

Este mecanismo en particular establecerá las pautas para dar sostenibilidad a los esfuerzos realizados por el CDRC desde el 2017 para la restauración de los arrecifes de coral en Bayahibe, Punta Cana, Samaná y más recientemente en otras costas del país.

“La industria turística de República Dominicana recibe amplios beneficios de los arrecifes de coral, por ejemplo, en las playas de arena blanca, el buceo recreativo, o bien, en la protección de su infraestructura contra el fuerte oleaje y la estabilización de las costas. Es por esto que, involucrar al sector privado en la restauración de estos arrecifes toma sentido no solo para la biodiversidad, sino también para la sostenibilidad de sus negocios”, explicó Svenja Paulino, directora del Programa Biodiversidad y Negocios en América Central y República Dominicana.

De su lado, durante su disertación en el panel internacional “Mecanismos Financieros para la conservación y uso sostenible de la Biodiversidad” la viceministra de cooperación internacional, Patricia Abreu, en representación del ministro de Medio Ambiente, Ángel Estévez, destacó que República Dominicana es uno de los países con mayor diversidad biológica del Caribe. Mientras su biodiversidad y en especial en las zonas costeras se encuentra seriamente amenazada por la conversión de hábitats, principalmente por la expansión de la agricultura y la ganadería, el desarrollo turístico y la degradación de los hábitats.

Dijo que el Ministerio de Medio Ambiente reconoce que los esfuerzos de conservación requieren de alianzas de múltiples actores para abordar de manera integral la situación actual, y específicamente las amenazas e impactos sobre la biodiversidad.

Precisó ademas, que la inicativa tiene como objetivovo además, trabajar en el Reglamento de aplicación a la ley para Pagos por Servicios Ambientales (PSA), el cual tiene como finalidad proteger y conservar los ecosistemas, así como los servicios que estos ofrecen.

Actualmente el equipo de trabajo se encuentra realizando los últimos pasos que llevarán a concretar una estructura que soporte este mecanismo financiero y que incluya la participación del Gobierno y del Consorcio Dominicano de Restauración Costera. Se espera que, en los próximos meses, se dé a conocer esta estructura y se inicie la operación formal del mecanismo.

Según un estudio de la GIZ, en República Dominicana los arrecifes coralinos brindan beneficios calculados en más de US$1.140 millones anuales en las costas de Punta Cana, Samaná y Bayahibe, lo que demuestra la importancia de proteger y restaurar estos ecosistemas.

Este trabajo es posible gracias al apoyo que ha brindado el Gobierno Alemán a la República Dominicana y Costa Rica por medio del Fondo Regional para la Cooperación Triangular en América Latina y el Caribe por encargo del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) e implementado por la GIZ.

Costa Rica y República Dominicana

Desde 2017, Costa Rica, a través del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), ha compartido con República Dominicana su experiencia en el desarrollo de políticas de protección y manejo sostenible de los recursos naturales, como por ejemplo el esquema de Pago por Servicios Ambientales (PSA) que implementa el país desde 1996. El esquema de PSA de Costa Rica ha mostrado ser un gran aporte para la recuperación de la cobertura forestal del país y la conservación de otros ecosistemas vinculados a los bosques, mismos que conllevan la reducción de emisiones, la remoción de dióxido de carbono rumbo a la des- carbonización de la economía de Costa Rica.

“De acuerdo con la experiencia país, los recursos del gobierno no son suficientes para la recuperación de los arrecifes degradados y para la protección de los mismos. Por esto, es imperativo crear nuevos mecanismos de financiamiento que promuevan un mayor involucramiento de la sociedad civil y de los sectores productivos, en las acciones de conservación de estos importantes ecosistemas”, explicó Carlos Manuel Rodríguez, ministro de Ambiente y Energía de Costa Rica.